Los dueños de la antigua fábrica de
Celgán no han respondido a la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife del inmueble del barrio de Tío Pino, declarado en
ruinas. Mañana se cumple el mes de plazo dado por la Gerencia de Urbanismo a la
empresa para ejecutar los trabajos de demolición dado el peligro inminente de
derrumbe del edificio.
Ante esta situación, según confirmó
el primer teniente de alcalde, José Ángel Martín Bethencourt, el Consistorio
"ultima todos los preparativos para llevar a cabo las obras, cerrando el
expediente para que dé comienzo la demolición". "Después, se le
cargarán todos los costes de la obra que ahora tendrá que asumir el Consistorio
capitalino", añadió el edil.
Hace un mes, los técnicos
municipales remitieron a la entidad mercantil JSP una descripción precisa de
los trabajos que debe acometer para garantizar las medidas de seguridad
necesarias en la antigua fábrica. Su coste asciende a 204.719,60 euros.
Desglosada la cantidad, la cuantía de la obra sería de 150.000 euros para la
demolición del forjado del patio por medios mecánicos, 42.719 euros para el
tapiado del edificio, 3.000 euros para el saneamiento de todos los elementos
sueltos con peligro de desprendimiento de cascotes y, por último, 9.000 euros
para el desbroce, el desescombro y la limpieza del terreno, así como para la
eliminación de todos los residuos generados y la desinfectación correspondiente
del espacio. De la misma forma, los dueños se exponen a pagar una multa de
entre 6.010 euros y 150.253 por haberse desentendido de su propiedad.
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Aunque "habría que demoler todo
el edificio", desde Urbanismo se actuará "en lo más necesario, lo que
suponga un riesgo inminente de derrumbe". Además, solo se podrán empezar
los trabajos cuando todos los ocupantes que viven dentro de forma irregular
sean reubicados en sus nuevas casas. En estos momentos los servicios sociales
del municipio tramitan un convenio con varias entidades para que antes de que
se derribe el inmueble estas personas tengan un lugar donde poder dormir porque
"en la calle no se van a quedar", concretó ayer el concejal José
Ángel Martín Bethencourt.
La necesidad de demoler este
edificio se puso de manifiesto el pasado 23 de enero, cuando se produjo el
desprendimiento de parte de uno de los techos. Afortunadamente, en el momento
del derrumbe no se registraron daños personales, ya que ninguno de sus 18
ocupantes se encontraba en el lugar donde se cayeron los cascotes a pesar de
que duermen en este lugar desde hace años.
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