Elda (Alicante)
La zanja de hielo se derrumba pese a ser un bien protegido y único en la Comunidad.
El estado de abandono y ruina que presenta la zanja de hielo de la Finca Lacy de Elda ha llevado a esta singular construcción del siglo XVIII a una situación de deterioro que parece no tener ya marcha atrás. Y ello pese a ser el único nevero de la Comunidad Valenciana de planta rectangular, estar catalogado como bien de interés etnológico y gozar, desde los años 90, de la protección legal de la propia Generalitat Valenciana por tratarse de un relevante vestigio del patrimonio histórico e industrial de la Elda de hace más de 300 años.
En este pozo subterráneo de 7,10 metros de ancho, 16,5 de largo y 2,55 de profundidad se almacenaban y compactaban hasta 8.000 arrobas de nieve -92.000 kilogramos en la medida castellana- que luego se transportaban en carros durante la época estival para ser vendidas en mercados y heladerías. La Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico, Cultural y Medioambiental de Elda (Mosaico) lleva 17 años reclamando la urgente restauración de la zanja de hielo antes de que, lo que todavía queda en pie de su endeble estructura, termine colapsando. Algo que ocurrirá de un momento a otro en un proceso de destrucción que las violentas lluvias de primavera y verano podrían acelerar.
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Cabe recordar que hace dos años, en septiembre de 2009, este diario se hacía eco de las últimas reivindicaciones lanzadas por Mosaico a la Conselleria de Cultura y a la concejalía de Patrimonio Histórico de Elda con el fin de que se dispusieran fondos públicos, también de forma urgente, para acabar con la desoladora estampa que presenta el peculiar nevero. Una imagen llena de escombros, vegetación y suciedad en un alejado descampado del polígono industrial Finca Lacy y con la Ronda Sur a escasos metros. Pero a la situación de ruina se añade la situación de peligro por la existencia, junto al nevero, de un enorme hoyo de unos seis metros de profundidad, cercado únicamente por cuatro piquetas y una deteriorada cinta de plástico.
Los 22 millones de los planes E y Confianza pasaron de largo
Mosaico lamenta que ni un solo euro de los 22 millones que han llegado a Elda a lo largo de esta legislatura -procedentes del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana y de los dos Plan E del Gobierno central- haya ido destinado a la restauración y puesta en valor de la zanja de hielo de la Finca Lacy. Cuando se supo que el Ayuntamiento recibiría una subvención de casi 10 millones de euros del primer Plan E, Mosaico pidió al equipo de gobierno popular de Adela Pedrosa que destinará parte de esos fondos a la rehabilitación del Casco Antiguo, a la adecuación y limpieza del castillo y a la recuperación del nevero de la Finca Lacy. Sin embargo, ninguna de las tres solicitudes han sido atendidas. De hecho, ni siquiera fueron tenidas en cuenta. Algo que, en virtud de los antecedentes, no resulta extraño. Ni la Conselleria de Cultura incluyó en 2008 a la zanja de hielo en su línea de ayudas a la recuperación del patrimonio etnológico ni el Ayuntamiento lo volvió a pedir en 2009. Al concejal de Patrimonio José Mateos no pareció importarle mucho el informe del Museo Arqueológico Municipal aconsejando la inmediata intervención
Provincia de Valencia
Los telégrafos se salvan del olvido
La dirección general de Patrimonio de la Conselleria de Cultura y Deportes ha dado de alta en el registro de Bienes de Interés Cultural las la torres de telegrafía óptica pertenecientes a la línea Madrid-Valencia, ubicadas en la provincia de Valencia, y ha remitido al Ministerio de Cultura una solicitud para que sean registradas también en el Inventario General del Patrimonio Histórico. Con esta medida la administración concede la máxima protección posible a estos edificios fortificados que a mediados del siglo XIX revolucionaron la comunicación postal entre la capital y la periferia del país. Patrimonio ha remitido también a los Ayuntamientos de Villargordo del Cabriel, Fuenterrobles, Requena, Buñol, Chiva, Godelleta y Torrent una carta en la que advierte de la prohibición de realizar obras en los edificios o en la zona de afección. Así como la realización de un plan de protección que será supervisado y aprobado por la dirección general.
Fuera de esta medida de protección han quedado los telégrafos de la línea Valencia-Barcelona, con dos torres en la provincia de Valencia (el Puig y Sagunt) y cinco en Castelló (Almenara, Castelln, Benicàssim, Santa Magdalena de Pulpis y Vinarós).
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Un mensaje en 30 minutos. A pesar que pronto fue sustituida por la telegrafía eléctrica, la óptica supuso una gran revolución en su tiempo. La línea Madrid-Valencia comenzó a construirse en 1848 y un año después entró en servicio permitiendo que un mensaje legara de la primera a la última torre en 30 minutos.
La línea estaba cubierta por 30 torres. La primera en el edificio de la Aduna en la Puerta del Sol de Madrid y la última en el convento de San Francisco de Valencia, ubicado en el centro de la Plaza del Ayuntamiento, hasta que fue derribado en 1891.
Las otras nueve torres restantes en la provincia de Valencia se encuentran en los términos municipales de los Ayuntamiento citados anteriormente; a razón de una por municipio, a excepción de Requena donde se construyeron tres por las dificultades orográficas del terreno.
Todos los telégrafos tienen las mismas características. Eran de planta cuadrangular de 6,15 metros de lado en la base y dos pisos que alcanzan una altura de 8,5 metros. Están fortificadas, las paredes tienen un grosor de 95 centímetros en la base. En la terraza estaba instalado todo el complejo sistema de señales, ahora desaparecido, que se accionaba desde la segunda planta y permitía la comunicación intantánea entre una torre y otra.
Ribadesella (Asturias)
Los defensores del inmueble industrial abogan por su reutilización.
La antigüedad de la fábrica de pan Toraño está bien documentada. Existe una entrada en el padrón de habitantes de Ribadesella del año 1924 en la que Salvador Toraño Junco, nacido en La Habana en 1881, figura como titular de la panadería Toraño, situada en el portal número 1 de la calle El Picu de Ribadesella.
Su valor histórico local y regional, como parte del patrimonio industrial, parece obvio, aunque no se ha tenido en cuenta a la hora de programar su derribo. Quienes se oponen a este destino para el mítico edificio abogan por salvarlo y mantenerlo como parte fundamental de un trozo de la historia de Ribadesella. Estos vecinos claman por su posible reutilización. «Su dimensión está llena de posibilidades para usos múltiples, así como su disposición en finca», dice el informe, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
Para estos ciudadanos existe, y bien documentado, un innegable valor histórico y patrimonial en la panadería Toraño y por todo lo expuesto se oponen a su demolición. Además, estos ciudadanos exigen saber si hay algún informe aprobatorio de la demolición por parte de la Demarcación de Costas y señalan que el derribo del inmueble también debe tener el visto bueno de Patrimonio.
Los defensores del edificio también realzan su valor aportando fotografías anteriores a 1924 que atestiguan la presencia de la panadería en el Arenal, hay numeroso material fotográfico que refleja la presencia de las dos naves coincidiendo con levantamientos puntuales de edificios y rellenos de la marisma datados y registrados. Por ejemplo, hay fotografías del proceso de construcción del chalé de la Marquesa de Argüelles (fechado en 1911) en que se ve con claridad, al fondo, la panadería.
Además, según el informe en defensa de fábrica, esta construcción ilustra un importante lapso de tiempo de la historia riosellana. Aquellos tiempos de finales del XIX en los que la sociedad riosellana fue pionera y se precipitó hacia otros modelos de actividad económica. En este cambio tuvieron mucho que ver los indianos locales. El vuelco de las fortunas y empresas de quienes regresaban de América triunfantes se tradujo en una proliferación inédita de pequeñas industrias de indianos retornados a casa. La familia Toraño hizo lo propio a su vuelta de La Habana (Cuba) y abrió la fábrica de pan.
Villademor de la Vega (León)
Nace la Asociación de Amigos de las Bodegas para conservar su patrimonio
Más de una treintena de propietarios de Villademor de la Vega se han unido para formar la Asociación de Amigos de las Bodegas, que quedó constituida formalmente el 7 de enero de este año y que fue reconocida por la Junta de Castilla y León el pasado 12 de mayo. Sus objetivos primordiales son la preservación de su patrimonio y dotar a la zona de servicios básicos como agua, luz eléctrica y recogida de basuras.
Cuentan el presidente y el secretario de la asociación, Antonio García y José Antonio Valladares, que en el sur de la provincia de León las bodegas fueron un importante complemento económico para las familias ya que en ellas se elaboraba vino y aguardiente, tanto para el consumo propio como para la venta.
Hace poco más de 20 años existían en la localidad más de 500 hectáreas de viñedo, pero con la llegada de la Política Agraria Común (PAC) fueron arrancadas para dar paso a otros cultivos como el maíz, remolacha, alubias... Perdido el interés económico muchas bodegas fueron quedando en deshuso y en la ruina.
Años después, pasado el momento de abandono, las bodegas, poco a poco, han ido adquiriendo un uso lúdico y de disfrute y se ha ido recuperando el entorno y las propias cuevas. Villademor de la Vega cuenta con un conjunto de bodegas de gran interés etnográfico. Se trata de construcciones excavadas a mano en la tierra, «que si se pierden hoy sería imposible de volverlas a construir. Por eso tenemos que conservarlas», afirman los dirigentes de la asociación que ha inventariado un total de 90 bodegas, una de las concentraciones de cuevas más importantes de la provincia.
Ante esta situación surgió la asociación compuesta en un primer momento por 34 socios, pero abierta a nuevas inscripciones.
Los estatutos marcan tres grupos de objetivos. Por un lado, dotar a la zona de los servicios básicos como el abastecimiento de agua, el saneamiento, la luz eléctrica y la recogida de basuras.
Otra de las finalidades es armonizar todos los elementos constructivos con la recuperación de bodegas caídas, restauraciones nuevas, identificación toponímica de la zona y el mantenimiento de los espacios comunes.
Finalmente otro de los objetivos es de carácter cultural y divulgativo con la realización de encuentros con otras asociaciones, difusión de la cultura enológica...
Señalan que uno de los grandes enemigos de estas construcciones son los conejos que excavan la tierra y pueden provocar que la cueva se caiga. Dicen que con la simple limpieza de la zona los conejos ya no tendrían donde resguardarse y se irían a otros lugares, con lo que resolvería el problema.
Desde la asociación esperan contar con la comprensión y la ayuda de todas las administraciones públicas para poder desarrollar sus objetivos.
Villaviciosa (Asturias)
Molinos de agua, criterios variables
El conflicto que mantiene Sidra El Gaitero con Costas por el deslinde que convierte su fábrica de Villaviciosa en terrenos de dominio público ha vuelto a traer a primer plano de la actualidad una norma proteccionista que es considerada por muchos de los afectados como un verdadero «expolio».
Y es que esta ley se sujeta a interpretaciones lo que da lugar a que no se aplique de la misma manera en todo el Estado. Prueba de ello es la diferente manera en que ha afectado a los molinos de mareas del norte de España, unas construcciones que utilizan precisamente la energía de los cambios de nivel de las mareas en los estuarios como fuerza motriz.
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Hay casos en los que estas construcciones han sido excluidas del dominio público, ya sea por sentencia favorable del Tribunal Supremo, como es el caso del molino A Seca, ubicado en la localidad gallega de Cambados, o por informe favorable del abogado del Estado, como es la situación del molino de La Encina, en la ría de Villaviciosa.
En el primero de los casos los propietarios agotaron la vía judicial y el Tribunal Supremo excluyó esta construcción del dominio público al considerar que tenía unas cotas de más de tres metros y que se encontraba sobre «terrenos no inundables». En el segundo de los casos, el de
La Enciena, la construcción se excluye del dominio público por el informe favorable del abogado del Estado, un documento que, según la Delegación del Gobierno, «no se encuentra en la Demarcación de Costas de Asturias».
También hay casos en los que el Estado ha optado por expropiar estos molinos a sus dueños, pagando un justiprecio, con el objetivo de rehabilitarlos.
Es el caso del molino de Santa Olaja, en la ría cántabra de Santoña, donde a día de hoy hay un centro de interpretación.
Los casos más llamativos de estas distintas aplicaciones de la Ley de Costas se dan en la vizcaína ría de Urdaibai. Allí existen tres molinos de mareas afectados por esta norma.
Dos de ellos, el Mallukitza en Murueta y otro más en Busturia han sido declarados como construcciones ubicadas en un terreno calificado como servidumbre de protección; mientras que el molino de Portu Errota ha sido incluido dentro del dominio público.
Curiosamente las dos primeras construcciones están más próximas a la línea de costa que la tercera además de tener unas cotas inferiores a los tres metros, algo que no ocurre en el caso de Portu Errota cuyas cotas son mucho mayores.
El molino de la Enciena llega a Estrasburgo
El deslinde de la Demarcación de Costas en el molino de mareas de La Enciena -actualmente transformado en vivienda-, en plena ría de Villaviciosa, ha sido utilizado por Jon Iturribarria, propietario de una construcción similar, Portu Errota, en la ría de Guernica (Vizcaya), como ejemplo de «aplicación arbitraria de la ley de Costas» en su litigio contra el Estado para defender su propiedad. Esta lucha le ha llevado a denunciar al Gobierno español ante el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos por violación del derecho de propiedad.
En el caso del molino de Villaviciosa, Costas ha determinado que es de propiedad privada y que queda fuera del deslinde. Pero en el dictamen sobre el molino vasco, el Estado lo ha incluido dentro del deslinde y lo califica de público. Su propietario considera que ha sido tratado de forma discriminatoria respecto al de Villaviciosa. En el informe del servicio jurídico del Estado en el que se dictamina que el molino de La Enciena queda excluido del dominio público (lo reconoce como propiedad privada) se señala que hasta la fecha (25 de marzo de 1997) pertenecía al Estado, quien otorga dichas concesiones.
Según Jon Iturribaria, el citado documento no explica las razones por las que pasa a ser titularidad privada al admitir las alegaciones al deslinde presentadas por la familia que reclama el edificio.
En su caso, asegura, la propiedad de su centenario molino familiar data de 1683 y ahora el deslinde de Costas lo declara dentro de la zona de dominio público. El propietario vasco destaca que en otros casos similares en España en los que los molinos han sido excluidos del deslinde ya eran previamente propiedad privada. El edil de Urbanismo, Rogelio Estrada, en su momento también denunció posibles irregularidades de la aplicación de la ley en la ría.
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