La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha iniciado la demolición del azud de la Marquesa, una presa histórica cuyos primeros antecedentes datan de la época musulmana. La actuación, que busca evitar la intrusión salina del agua del mar y garantizar los riegos aguas arriba, ha estado rodeada de polémica, pues no ha precisado un informe de evaluación ambiental para tratar de minimizar el impacto de los trabajos. En líneas generales, se derriba la estructura actual, muy degradada, y se levanta una nueva, para lo que será necesario desviar el Júcar mediante un canal para garantizar el caudal ecológico y la estanqueidad en la zona de trabajos.
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Una de las quejas ha llegado desde la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos, que lamenta que no se ha tenido en cuenta el valor paisajístico e histórico de la estructura. Para la entidad, debería ser rehabilitada en lugar de derribada.
«Es el descendiente del azud de estacas que en época musulmana alimentaba un molino fluvial y la noria que extraía las aguas con las que se regaba la huerta andalusí de Cullera», explica Luis Pablo Martínez, miembro de la entidad, quien añade que tuvo un papel fundamental en la conversión de los terrenos próximos en zonas de regadío, al facilitar la distribución del agua del remanso mediante molinos y acequias. Además, hay referencias bibliográficas que permiten afirmar que el azud «había sido consolidado y recrecido hacia 1545, de tal manera que forzó el alzamiento de todas las presas aguas arriba». De hecho, es probable que la estructura a demoler se corresponda con la que permitía derivar agua al «complejo molinar» que perteneció al linaje de los Vich (actual molino de la Marquesa) entre los siglos XV y XVIII.
Otra de las críticas se refiere a su valor ambiental, tanto por la avifauna que se alimenta en el azud como las especies piscícolas que se emplazan en su parte más baja en busca de alimento. A su juicio, esta riqueza «no ha sido suficientemente estudiada al diseñar un proyecto que comporta una traumática intervención sobre el medio físico».
Sin afección
La secretaría de Estado de Cambio Climático resolvió en octubre de 2008 que las obras no necesitaban el informe de impacto ambiental al considerar que no se van a producir afecciones significativas, a pesar de que se sitúan dentro de un espacio protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) por su biodiversidad. Se llegó a esta conclusión tras consultar a diferentes instituciones, entre ellas la Conselleria de Medio Ambiente, que secundó la postura siempre que se garantizaran las medidas correctoras propuestas. Por ejemplo, se prevé que por el canal por donde se derivará el río pase el caudal ecológico suficiente, a razón de 1,5 metros cúbicos por segundo, y se garantice el tránsito de especies piscícolas. A nivel patrimonial, la única concesión se refiere a un seguimiento arqueológico de las actuaciones.
Fuentes del Ayuntamiento de Cullera explicaron ayer que en su día defendieron la necesidad de realizar una evaluación del impacto ambiental. De hecho, tras la negativa estatal se recurrió la decisión. «Se exige para cualquier intervención, incluso en suelo urbanizable, y por tanto, también tendría que solicitarse para actuar en el río», señalaron, antes de recordar que las obras afectan al conjunto patrimonial formado por el azud y el molino de la Marquesa
Una de las justificaciones de la actuación es mejorar la calidad del entorno ambiental del espacio protegido, pues según el informe de viabilidad del proyecto, la zona se encuentra muy degradada, hasta el punto de que algunas especies que justificaron la declaración de LIC no están representadas en la zona. De hecho, se prevé regenerar las zonas de ribera con vegetación autóctona.
Además, se justifica la reconstrucción del azud, que será de hormigón, en la necesidad de garantizar los caudales de riego aguas arriba, donde además, se sitúa la toma del trasvase Júcar-Vinalopó.
Nota en Scribd sobre el valor patrimonial del Azud de la Marquesa (Cullera) y la amenaza que suponía el proyecto de demolición y reconstrucción impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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