Decir Villaviciosa es
decir Sidra el Gaitero. En 1860, José Rivero adquirió una finca de 2,26
hectáreas junto a la ría de Villaviciosa, en Asturias, a unos tres kilómetros
del mar. Se la compró al Estado por unos 27.000 reales (el precio de salida en
la desamortización fue de unos 4.000). Javier Bermejo, adjunto a la dirección
de la empresa, ha recorrido desde hace meses los archivos en busca de la
historia de la firma. "Este era el muelle que se construyó porque antes
sacaban la mercancía por barco, pero ahora la ría no tiene calado
suficiente", explica junto a los manzanos que rodean la planta. La obra
está declarada patrimonio industrial y conserva el encanto añejo.
Desde 1890 la empresa
Valle, Ballina y Fernández fabrica allí la sidra. Hoy trabajan unas 70 personas
y factura unos 20 millones al año (el 70% de las ventas, en navidad). La
empresa era dueña de los terrenos hasta que el 5 de marzo de 2010, Costas incluyó
las parcelas de la fábrica en el dominio público de la ría. Eso no implica la
demolición -la fabrica seguiría allí al menos durante 60 años-, pero sí que el
terreno pasa a ser propiedad del Estado, que debe autorizar cualquier obra.
Medio Ambiente esgrimió
un informe técnico del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Oviedo, según el cual las naves de la fábrica
"están rodeadas por terrenos cuya altura no solo se encuentra bajo el
alcance de las mareas sino que además presenta claras evidencias de
inundación". Una fotografía coloreada de 1898 en la que se ve el agua
junto a la fábrica fue una prueba más.
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La Ley de Costas, de
1988, que nació para defender la costa y recuperar lo construido, establece
criterios geográficos para definir el dominio público. Lo son no solo las
playas, sino también "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en
general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y
reflujo de las mareas". Ahí entra, según ese informe, la fábrica de El
Gaitero.
Bermejo sostiene que
ese informe contiene errores de bulto y agravios sobre otras instalaciones
construidas en el margen de la ría, que han quedado excluidas en el deslinde
-el trámite que delimita el dominio público-. "Jamás imaginamos que
fuésemos a quedar en dominio público, nos parecía imposible", relata el
directivo, que pasea entre los turistas que han ido a ver la fábrica este día
lluvioso.
Costas insiste en que
"el hecho de que una instalación industrial quede incluida en el dominio
público marítimo-terrestre no implica la desaparición de la misma, ni la
obstaculización de sus actividades". Pero El Gaitero no lo ve así.
"Si el terreno no es nuestro estaríamos invirtiendo para otro y
perderíamos garantías para pedir préstamos, por ejemplo", cuenta Bermejo.
La firma llega a amenazar con trasladar la fábrica a otro sitio: "No
necesitamos estar aquí. Podemos llevar la fábrica a otro terreno de nuestra
propiedad". La empresa ha recurrido ante el ministerio y a la Audiencia
Nacional y se niega a aceptar la concesión para el uso durante las próximas
décadas, porque sería reconocer la propiedad del Estado.
Ante esa amenaza, el
pueblo se movilizó para mantener El Gaitero junto a la ría y Costas estudia
ahora cómo rectificar su decisión. Ha pasado apenas un año desde que el Boletín
Oficial del Estado publicó el deslinde, ha cambiado el equipo ministerial y
Pedro Antonio Ríos, director general, admite que "hay varias formas para
llegar a un acuerdo".
Una sería aceptar el
recurso de El Gaitero en contra del informe técnico y sacar la fábrica del
dominio público. Otra más farragosa sería desafectar el terreno y pasarlo a
manos privadas, fijando que es una zona inundable. La desafectación del dominio
público es un complejo trámite para pasar propiedades del Estado a manos
privadas. El Gobierno tramita 10 expedientes en Cantabria, para empresas y
propiedades municipales enclavadas en marismas degradadas pero consideradas
dominio público.
Costas afirma que es
una exageración vincular el futuro de la planta con la declaración de dominio
público y recuerda que "en Cádiz y Huelva numerosas instalaciones
industriales destinadas a la extracción de sal han quedado incluidas en el
dominio costero" y siguen funcionando.
El caso revela la
creciente conflictividad de la Ley de Costas, aprobada hace más de dos décadas
pero cuya aplicación a los puntos más polémicos ha llegado los últimos años. De
afectar a particulares comienza afectar a empresas, y ahí el ministerio parece
más flexible con el argumento del empleo. La refinería de Petronor en las
marismas de Muskiz (Vizcaya) tenía una concesión a punto de caducar, pero el
PSOE aceptó la enmienda del PNV para indultarla a través de una enmienda de
última hora a la Ley de Economía Sostenible. La fábrica de Ence (Pontevedra)
tiene una concesión que caduca en 2018. El anterior equipo ministerial, con
Alicia Paz como directora general, no dudó en cambio en aplicar la Ley de
Costas a los vertidos de Fertiberia, en Huelva, lo que ha reducido la actividad
de la planta.
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