Ecologistas en Acción ha exigido
públicamente la paralización de los trabajos anunciados por la Hullera Vasco
Leonesa para trasladar el histórico castillete minero a unos doscientos metros
de distancia con el fin de llevar a cabo los planes de ampliación de la
explotación a cielo abierto de la Corta Pastora.
El colectivo conservacionista recuerda, en una nota de prensa colgada ayer en su página web, que este pozo
está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto
Etnológico por acuerdo de 15 de septiembre de 2011, de la Junta de Castilla y
León. Esta declaración actualmente vigente, otorga al conjunto industrial la
máxima protección y tutela que reconoce la legislación de Patrimonio Cultural.
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A efectos de la Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León tiene la consideración de conjunto etnológico el
«paraje o territorio transformado por la acción humana, así como los conjuntos
de inmuebles, agrupados o dispersos, e instalaciones vinculadas a formas de
vida tradicional», en todo caso, «la declaración de Bien de Interés Cultural
afecta tanto al suelo como al subsuelo».
Para Ecologistas en Acción «no tiene
amparo legal la pretensión de la Hullera Vasco Leonesa de preservar únicamente
el castillete del pozo, separándolo del conjunto declarado para reubicarlo en
otro lugar, destruyendo el resto de los inmuebles protegidos por la
declaración, así como el suelo y subsuelo donde se asientan.
La empresa comenzó el mes pasado con
las labores de catalogación y recuperación de piezas, que precederán a la
reubicación del monumento.
Para ello cuenta con la autorización
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León que aprobó el 29 de octubre del 2012 el proyecto de traslado
del monumento, después de que la Comisión territorial de Patrimonio de León
informara desfavorablemente sobre la ampliación de la corta al entender que era
«incompatible» con el BIC, y por «el impacto crítico» desde el punto de vista
ambiental.
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Tras la presentación de un recurso
al alza por parte de la empresa Valladolid autorizó finalmente el proyecto como
la única manera de hacer compatible el BIC con la actividad económica de la
empresa.
Cabe recordar que la empresa minera
cedió el castillete al municipio de La Pola de Gordón en el 2009, cuyo alcalde,
Francisco Castañón, declaró en su día la intención de facilitar todos los
permisos y licencias necesarias para el traslado del monumento, que desde su
nueva ubicación, entraría a formar parte de un proyecto turístico que pretende
poner en valor el patrimonio minero del grupo Ciñera en torno a un centro de la
interpretación de la minería.
El proyecto para el traslado del
castillete cuenta por el momento con un presupuesto de 300.000 euros aportado
por la empresa a través de un convenio de colaboración.
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