Hoy tengo el placer de compartir con
vosotros este artículo/separata realizado por José Ramón Fernández Molina, arquitecto
ETSAM UPM y doctorando UPM, el cual ha sido tan amable de compartir conmigo. Nos
aporta su experiencia y opinión sobre el Plan Nacional del Patrimonio
Industrial, os recomiendo su lectura.
Por
la tarde, con la presentación de Juan Monjo, interviene en primer lugar Alberto
Humanes, uno de los padres del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Buen
amigo, narra su historia. Me cita de pasada al hablar de Turón y el Pozo Santa
Bárbara con amables palabras.
Mi
contacto con él proviene de mi asistencia a un curso sobre patrimonio
industrial celebrado en el Escorial, en el Foro de la UPM en el 2002.
Como
codirectores del mismo estaban Inmaculada Aguilar y él mismo. También muy
presentes Ramón de la Mata, Alvaro
Martínez Novillo, María Linarejos y /María Dolores Fernández-Posse y de Arnáiz,
-Pachula para los amigos- por desgracia ya fallecida.
El
régimen fue de internado y el resultado del Curso muy interesante para mí por
sus contenidos y sobre todo por los contactos.
No
olvidaré a otros dos personajes, con los que compartimos esos días de puesta en
marcha de una estrategia cívica emocionante y trascendente, de la vieja guardia
y de la primera hora en la recuperación del patrimonio histórico industrial
español: Carlos Fernández Caicoya, consultor y museólogo e Ignacio García
Tascón, ingeniero de caminos vinculado a la Fundación Juanelo Turriano, ya
fallecido también. Ambos asturianos de pro.
Sin
tardar comenzó el despliegue del Plan Nacional y el primer encargo en Asturias
recayó en mí: el Estudio Previo al Plan Director del Valle del río Turón, en
Mieres. Posteriormente el Plan Director del Pozo Santa Bárbara lo realizó María
Victoria Sánchez de León y de nuevo el IPCE me adjudica el paso siguiente: el
Proyecto de Intervención en el Pozo Santa Bárbara ya entregado, con licencia de
obras y pendiente de licitación definitiva de forma inminente.
En
la actualidad, del primitivo grupo de “padres” solo queda en activo María
LInarejos tras el fallecimiento de Pachula, los cambios de destino de Alvaro
Martínez Novillo como Subdirector General del IPCA y de Ramón de la Mata
Gorostizaga como Jefe de Servicio y finalmente tras la jubilación de Alberto.
María es la actual coordinadora del Plan Nacional, responsabilidad en la que
sustituyó a Alberto Humanes y el relevo a Alvaro lo ha tomado Alfonso Muñoz
Cosme, Subdirector General de IPCE y arquitecto.
Existe
una nueva versión actualizada del PNPHI del 2011 –justo antes de jubilarse el
padre Alberto —que debo ver con atención.
En
mi opinión el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, valiosamente
intencionado, adolece de armamento regulador e instrumental. El, al parecer,
insalvable escenario de las competencias exclusivas autonómicas conduce a una
coordinación deficitaria o mejor descoordinación, pese al notable esfuerzo del Consejo de
Patrimonio y su Comité Técnico de Seguimiento del PN por subsanar esta
anomalía.
Y
no tanto entre Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas -que también- como dentro de la propia
administración central, lo que equivocadamente se denomina la administración
estatal. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial en sus contenidos tiene una
fuerte implicación transversal ya que sus estrategias afectan a otras áreas
competenciales de la administración pública como las de medio ambiente,
industria y otras en las que Cultura y Patrimonio no tienen la prevalencia
sectorial que cabría esperar.
Por
otra parte es conocido que existen numerosas áreas competenciales de la
administración central que actúan en torno a actividades estratégicas y
sometidas a un régimen de autonomía de
gestión que las hace invulnerables a las políticas y estrategias en torno a la
conservación del patrimonio cultural.
No
es entendible que no haya una prevalencia de las determinaciones patrimoniales
sobre otras sectoriales que comporten escenario físico, espacial, edilicio e
infraestructural.
Existe
un lugar de confrontación también en el ámbito autonómico con el ejercicio
competencial de la protección del patrimonio cultural a través de los catálogos
urbanísticos (donde está incluido todo el patrimonio histórico industrial de
interés cultural) y la confrontación con los escenarios sectoriales tutelados
por organismos públicos centrales: autoridades portuarias, autoridad
ferroviaria o administración de la defensa.
Existe
una Ley de Coordinación administrativa que no funciona en este ámbito del
patrimonio. Los organismos sectoriales autónomos hacen valer sus prerrogativas
de autogestión por actividad estratégica: haré mi plan especial de “protección”
con su catálogo incorporado cuando lo crea oportuno y mientras tanto, por
necesidades operativas podré actuar en consecuencia “derribando lo que me
estorbe”. Su ausencia de sensibilidad hacia lo patrimonial y de prioridad
máxima para su actividad hace en la práctica de eficaz bloqueo de las acciones
de otras administraciones públicas.
Tampoco
se entiende que determinados operadores públicos no tengan incorporada una
verdadera responsabilidad social corporativa en lo que atañe a su patrimonio
histórico y no tengan unas estrategias reales y efectivas para su estudio,
conservación y refuncionalización, cuando ello sea pertinente.
Como
tampoco se entiende que exista la feliz excepción de una buena práctica en
Almadén y no esté previsto algo similar en Asturias. Mayasa versus Hunosa. Dos
piezas del mismo conjunto/SEPI aunque con métodos antinómicos u opuestos.
Como
resumen: el PN del PI podría ir más aprisa si se atendiese a estas
disfuncionalidades con firmeza y sentido común. Hay que ir a la fuente del
problema: la necesaria implantación de la prevalencia “sectorial” de las
políticas patrimoniales sobre las “otras políticas sectoriales”. Asturias marca
con su legislación el ejemplo a seguir sobre la prevalencia de lo patrimonial
sobre lo urbanístico y en reconocimiento de la transversalidad y posible
conflicto de intereses que conviene arbitrar con una regla de juego adecuada.
Y
hay que aprender de las buenas prácticas de los demás, puesto que es posible
aplicar esta determinación con eficacia : al día siguiente del cierre de las
actividades industriales en el enclave minero alemán de Zollverrein, en la
cuenca del Ruhr, en 1981, se declaró Bien de Interés Cultural con protección
estricta de todas las instalaciones.
Como
síntesis de estas ideas propongo elevar a la consideración del Consejo de
Patrimonio de España para su consideración como crean oportuno sus integrantes
lo siguiente:
a)
Arbítrense las medidas jurídico-instrumentales que permitan establecer la
prevalencia de la gestión de lo
patrimonial sobre la de otras políticas públicas tanto de competencia
estatal como autonómica o municipal, para los supuestos de interés contrapuesto
b)
Reclamar a los distintos departamentos de las administraciones públicas implicadas en la gestión mediante
entes públicos de sus respectivas competencias : Defensa, Industria, Puertos,
Ferrocarriles, etc. que incorporen en ejercicio ejemplar de una responsabilidad
social corporativa REAL programas AMBICIOSOS de gestión de su propio patrimonio
de interés cultural en clave de puesta en valor y recuperación sostenible .
Oviedo,
4 diciembre 2013
Fdo:
José Ramón Fernández Molina, arquitecto y Miembro de TICCHI España e INCUNA
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