Artículo
de Ángel Juanpere para Diari de Tarragona
Siete años después de que el
complejo de la antigua fábrica de Tabacalera pasara a manos municipales, la
degradación de la mayoría de las instalaciones es evidente. El sistema de
seguridad es burlado por muchos ladrones en busca de metales para revender. Y
es que sólo una minoría de sus edificios –dos de los seis almacenes– están
siendo usados. El resto se van deteriorando. Lo reconoce en cierta manera la
concejal de Patrimoni, Carme Crespo, quien señala que «el mantenimiento tiene
un coste que esperamos que pronto se resuelva por parte de la Generalitat y del
Gobierno central».
El 4 de enero de 2008, el
Ayuntamiento de Tarragona y la empresa Altadis –propietaria de Tabacalera–
rubricaban el convenio por el cual el complejo pasaba a ser de propiedad
municipal.
Estos siete años transcurridos han
servido sólo para ocupar dos de los almacenes, que se utilizan como Arxiu
Municipal y sala de exposiciones, uno, y en el otro está la Capsa de Música y
encima los Serveis Municipals d’Ocupació, Formació i Empresa, con aulas de
formación incluidas.
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El futuro
Sobre por dónde pasa el futuro de
Tabacalera, Carme Crespo asegura que tanto ella como el alcalde Ballesteros
«siempre hemos dicho lo mismo sobre sus usos. Y estos son principalmente el
nuevo Museu Nacional Arqueològic, la gran biblioteca provincial, el Institut
Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), las dependencias de la Reial Societat
Arqueològica Tarraconense –si los socios así lo determinan–, el depósito
arqueológico de Catalunya y el resto del espacio a considerar según un concurso
de ideas que se tiene que convocar».
Sobre la intención que tiene el
Ayuntamiento de convertir Tabacalera en un referente estatal del mundo romano,
incorporando la Necrópolis, la concejal afirma que «es necesario que las
administraciones competentes –que son la Generalitat y el Ministerio de Cultura–
se pongan de acuerdo. Y por esto, en su día, se firmó un convenio, que después
no quisieron cumplir». Un convenio rubricado por el alcalde Josep Fèlix
Ballesteros, la ministra Ángeles González Sinde y el conseller Joan Manuel
Tresserras. «Pero el gobierno de Artur Mas no lo quiso implantar», sentencia
Crespo. En el documento, el Estado se comprometía a pagar entre 57 y 77
millones, y la Generalitat, dos.
Concurso de ideas
La concejal recuerda que, respecto
al concurso de ideas, «la Generalitat se comprometió hace mucho tiempo a
convocarlo y todavía no tenemos noticias». Añade que en dicho concurso desde el
Ayuntamiento se había exigido como condición fundamental «que tengan en cuenta
toda la ruta de la baja Tàrraco, que incluya la Necròpolis y su museo, las
criptas, la basílica de Parc Central, la Font dels Lleons, la fachada marítima
de Tàrraco (calle Vapor), etc».
En el año 2010 se hizo una
distribución de lo que tenía que acoger el edificio. En la lista estaban el
Centre de Creació i Pensament Contemporani, el Centre de Normalització
Lingüística, las oficinas de Joventut de la Generalitat, la gran biblioteca
pública, etc. Pero Crespo asegura que «desde el año 2010 sólo se ha hecho lo
que el Ayuntamiento se había comprometido: el Arxiu y la Capsa de Música, un
convenio de las tres instituciones que ponía los puntos de lo que era necesario
hacer. Pero con el cambio de gobierno en la Generalitat no se dio por válido el
acuerdo. Y así hasta ahora», se lamenta. También, desde algunos ámbitos se
habló de ubicar el Fòrum de la Justícia. Pero la concejal recalca que «el
Ayuntamiento de Tarragona, que es quien ostenta la propiedad, sólo ha hablado
del Museu».
La crisis económica ha parado buena
parte de las intenciones iniciales. Y también ha incidido en que la parte de
las instalaciones que están abandonadas sean el objetivo de los ladrones para
conseguir toda clase de metal para después venderlo en las chatarrerías. En los
últimos meses han sido diversas las intervenciones de los cuerpos de seguridad
ante la presencia de intrusos. De ello es consciente el Ayuntamiento, asegura
Crespo, quien añade que se está haciendo una actuación de más de 10.000 euros
en el cierre de las puertas y ventanas «para que el edificio se mantenga lo
mejor posible hasta que se haga la actuación final».
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