Artículo de Marta San Miguel para El
Diario Montañes
Hay dos aspectos que juegan en
contra del patrimonio industrial: carece de la belleza que puede tener una
catedral, una casona montañesa o una vidriera, y tampoco tiene el componente de
la antigüedad, argumento para valorar la prehistoria y todos sus vestigios.
¿Qué tienen entonces las fábricas valladas, las chimeneas de ladrillo rojo en
mitad de un prado, las naves o los cargaderos de metal para que de un tiempo a
esta parte se eleve la voz contra su decrepitud? La sociedad ha pasado de la
mina a la era digital en apenas un siglo, y sin embargo, el hecho de que se
haya consumado el cambio de modelo productivo en un santiamén no hace que las
generaciones que han vivido atadas a la industria de su pueblo o de su región
olviden quiénes eran, lo que hacían, de dónde salía el jornal que llegaba a
casa. Venía de esas fábricas ruinosas. De esas minas. De esas centrales
hidroeléctricas.
Ahora que los almacenes se miden en
bytes y no en metros cuadrados, cada vez más ciudades se toman estos restos
como un punto de partida para contar quiénes son en la actualidad. En ese
sentido, la arquitectura industrial es el relato social de cada pueblo, y a
falta de belleza o antigüedad, este patrimonio revela un valor que el
Ministerio de Cultura quiere blindar con la modificación de la Ley de
Patrimonio de 1986 en la que está trabajando. Quiere dotar de más protección a
estos conjuntos, y para ello, hay que empezar por reconocerlos, y por tanto,
identificarlos.
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En Cantabria, de hecho, fuimos
pioneros cuando al redactar la norma autonómica en 1998 ya se incluyó una
alusión a este tipo de patrimonio. La región se dotó entonces de herramientas
para la protección del mismo, pero en la actualidad, sólo 29 bienes industriales
gozan de alguna figura que reconoce su valor, y evita que se destruya, según
datos del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 2012. «Los restos
industriales suelen verse más bien como el recordatorio del fracaso de un
modelo productivo y tienen un sesgo negativo que dificulta apreciar los valores
arquitectónicos, estéticos y patrimoniales de estas edificaciones», dice el
decano de los arquitectos cántabros, Moisés Castro. Por eso, «disponer de algún
grado de protección tampoco supone una garantía de conservación si no hay una
auténtica adhesión social y pública a la preservación del patrimonio
arquitectónico e industrial». La clave radica en identificar qué se tiene, y en
ese sentido, Cantabria se ha quedado a la cola del resto del país al carecer de
un inventario que identifique su arquitectura industrial y todos los bienes que
conlleva: «Lo primero es conocer para proteger, y si no sabes lo que tienes, no
lo vas a valorar nunca», explica Gerardo Cueto, profesor de Patrimonio de la
Universidad de Cantabria y miembro de la Comisión Internacional para la
Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial. Para ello, dice, «sería
necesaria la realización de un inventario o catalogación del mismo, y a
diferencia de otras regiones como País Vasco, Castilla y León, Asturias,
Cataluña y Galicia, Cantabria no cuenta con un inventario que recoja el volumen
y calidad de sus bienes», explica.
En Asturias, por ejemplo, cuentan
desde 2016 con una base de datos que ha recogido hasta 1.700 elementos, de los
que un millar cuenta con protección. Lo más curioso es que este inventario
«actualiza y mejora» el que ya tenían de los años 80. ¿Qué ha hecho Cantabria
mientras tanto?
…
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