Patrimonio
anula la protección de la fábrica de armas de Trubia en el inventario cultural.
Artículo de Alberto Arce para El
Comercio
La Consejería de Cultura inició hace
ya dos años un plan estratégico para la inclusión de noventa bienes
patrimoniales del municipio ovetense en el Inventario de Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias. En la lista figuraban la iglesia parroquial de
Santiago de La Manjoya, la de Santa María de Brañes o el cementerio de San
Salvador, entre otros. Sin embargo, en el lote aparecía también uno de los
elementos más importantes del pasado y la actualidad industrial asturiana: la fábrica
de armas de Trubia y sus 225 años de historia. Aparecía, ya que, tras un
recurso de Santa Bárbara Sistemas, el Gobierno del Principado ha decidido
anular cautelarmente la inclusión del edificio -la nave central- al catálogo de
bienes protegidos para evitar «perjuicios de imposible y difícil reparación» a
la empresa y «al interés público de la defensa nacional». Así lo clarifica una
resolución del pasado 19 de julio a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, dictada
por el entonces consejero del área, Genaro Alonso.
La resolución, por el momento, ha
quedado a la espera de un futuro documento en el que se determine de manera
cualitativa el alcance de la protección patrimonial de los distintos elementos
que integran la vetusta factoría de armamento militar de la villa cañonera. Es
decir, el resto de piezas del conjunto, algunas de las cuales ya atesoran
distintos grados de protección. Aun así, y por lo pronto, el Principado ha
metido un tajo parcial al expediente inicial, resuelto el 20 de septiembre del
pasado año 2018 -y publicado en el BOPA ocho días después-, en el que
confirmaba la inclusión en el catálogo regional de conjuntos protegidos de
hasta noventa bienes patrimoniales de la capital asturiana.
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El tema tiene cierta enjundia
jurídica. Santa Bárbara, filial española de General Dynamics European Land
Systems (GDELS), presentó un recurso potestativo de reposición frente a la
resolución del Principado sobre el patrimonio ovetense dos meses después de
haberse publicado el acuerdo firme en el boletín autonómico. En el texto,
referido exclusivamente a la parte que tocaba a la protección de la factoría,
la empresa se opuso a los designios del Ejecutivo regional al entender que
«acceder a la suspensión beneficiaría al interés público, a los derechos de
terceros» y «evitaría perjuicios de difícil o imposible reparación». El
Principado, siete meses después, contestó favorablemente y desandó lo andado.
La cuestión aún va un poco más allá.
Ssegún la tesis de la compañía, el empleo directo e indirecto del conjunto productivo,
actualmente agitado por la situación delicada del contrato del 8x8 con Defensa,
se vería seriamente afectado por la protección del edificio, algo que asumieron
desde la consejería y expone en su resolución como uno de los motivos
fundamentales para echar atrás la decisión inicial.
Fuera de plazo
En términos jurídicos, y según la
catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, exdirectora
de Políticas Urbanísticas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y una de
las redactoras de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, María Rosario
Alonso, la resolución del Principado «no incluye una ponderación razonada de
los perjuicios que la decisión pueda tener sobre la protección del patrimonio
cultural». Tampoco incluye, continúa, una ponderación semejante de los posibles
perjuicios que argumenta la empresa.
En ese sentido, Alonso explica que
«la protección patrimonial se proyecta con independencia de la titularidad de
los bienes» y que esto «en ningún caso puede servir de cortapisa». Además, va
más allá y manifiesta que ante la primera resolución del Principado, la que
introducía a la fábrica de armas en el inventario, «podría haberse interpuesto
recurso, dentro de plazo. Pero el recurso de reposición que se interpuso lo fue
fuera de plazo, por tanto, ante una resolución ya firme, inatacable, y que
sigue en consecuencia produciendo efectos protectores para la fábrica, esta
sigue dentro del Inventario».
La decisión de la administración
autonómica, actualmente liderada por un nuevo equipo, no ha sentado igual de
bien según en qué sectores. Para el presidente de la Asociación por el
Patrimonio Histórico Industrial de Trubia (APHIT), Toño Huerta, «este asunto
debería solucionarse en favor de la protección de la factoría. Protección y producción
son dos cosas compatibles», afirma. «No nos gustaría que la empresa pudiese
destruir elementos a su antojo sin ningún control», sentenció.
Fuente
de la noticia https://www.elcomercio.es/
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