Los
arquitectos aseguran que El Águila Negra sufrió daños intencionados.
Los arquitectos de la Oficina Técnica Municipal de Siero -José
Benito Díaz y María José Fernández- coincidieron ayer en asegurar que el
edificio catalogado de El Águila
Negra, en Colloto,
sufrió daños de forma intencionada para acelerar su deterioro, a la vez que
negaron que el inmueble estuviera en ruina cuando lo adquirió la actual
propietaria, Gestión Nora. Así lo declararon durante la tercera sesión de la
vista oral, que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo contra
los tres dueños del edificio por un presunto delito contra el patrimonio histórico
y para los que la Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión.
En opinión de José Benito
Díaz, el techo del edificio «fue destrozado a mano y con mala intención»;
garantizó que no fue causado por el viento y puntualizó: «No digo quién lo
hizo, pero sí que está hecho». El arquitecto aludió a sus reiterados informes en
los que negaba la existencia de ruina técnica, algo que sigue manteniendo. Y en
cuanto a la ruina económica, que se acabó declarando, aseguró que «un edificio
de esa categoría no pasa a situación de ruina económica si no hay una actuación
muy potente sobre él para su deterioro».
La supuesta intención de
la propiedad de que se declarara la ruina económica del edificio era para
conseguir que el Ayuntamiento de Siero asumiera una parte de la rehabilitación.
Pero el arquitecto precisó que la administración tendría que costear aquello
que exceda el nivel legal de conservación, «solo si se llevó a cabo primero ese
deber de conservación». Y también discrepa con la valoración y el reparto de
los costes que pretendía la empresa. «No tiene nada que ver el valor actual con
el valor de reposición, lo dice la ley», dijo.
Díaz subrayó también que
la propiedad no había acometido ni siquiera las mínimas medidas para proteger
el edificio, como retejar o tapar los agujeros. El momento más tenso se produjo
cuando el arquitecto dijo que llevaba con este asunto «en juicios permanentes
desde 2001 y contestando a insultos graves contra mi persona» desde el despacho
de abogados que defiende a los propietarios.
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Elogios y disculpas
El letrado Gerardo de la
Iglesia tomó la palabra para elogiarle profesionalmente, pedirle disculpas si
le habían ofendido y preguntarle por el proyecto de ejecución para reformar el
edificio, que se ha presentado hace unos días, y si podría recuperarse su
imagen de 1993. «Es muy buen proyecto y yo creo que sí se podrá», respondió.
La arquitecto María José
Fernández confirmó las trabas que sufrieron para acceder al edificio cuando el
Ayuntamiento planificó rehabilitarlo de forma subsidiaria, y que precisaron de
un permiso judicial. Garantizó que su deterioro fue «progresivo» desde 2002 y
hasta el presente y que hubo falta de mantenimiento. «Con evitar entradas de
agua, ya habrían hecho muchísimo», dijo. Y desveló detalles como «ver tejas
apiladas, que es una disposición un poco extraña» o que el agua penetraba «por
zonas estratégicas y quedaba estancada para causar daños en la cubierta, vigas
o muros».
Ana María Fernández
Dopazo, arquitecto municipal entre 2000 y 2017, comentó que ella informó sobre
la propuesta inicial de la empresa para intervenir en la parcela del edificio
histórico, donde pretendían construir otro edificio en paralelo, pero
puntualizó que «era solo una idea, no se podía calificar como un proyecto». Y
la que fuera abogada de Patrimonio Cultural corroboró su informe de 2010, donde
indicó que la propiedad tenía el deber de conservación y que había hecho caso
omiso de los requerimientos municipales, basándose en los informes del
expediente.
Los
dueños de El Águila Negra declaran que ya compraron el edificio en ruina
Los tres propietarios del edificio
de El Águila Negra, de Colloto, comparecieron ayer en el Juzgado de lo Penal
número 1 de Oviedo para responder por un presunto delito contra el patrimonio
histórico, por el que se enfrentan cada uno a un año y ocho meses de prisión.
Dos de los acusados negaron su responsabilidad en el progresivo deterioro del
inmueble desde su adquisición en el año 2000, mientras que el tercer socio se
acogió a su derecho a no declarar.
Quienes sí lo hicieron argumentaron
que el edificio ya estaba en ruina cuando lo compraron y que habían cumplido
con sus obligaciones de conservación durante estos años, con el vallado de las
instalaciones y un servicio de vigilancia continuada. Afirmaron que no habían
podido rehabilitar el inmueble y cumplir con el convenio de 2002 porque el
Ayuntamiento no les daba la licencia. Y desvelaron, además, un primer
desencuentro con la administración local, a la que acusaban de haberles quitado
edificabilidad.
El primer testigo fue un exsocio de
la empresa Gestión Nora, quien reconoció ser conocedor de la protección del
edificio. Cuando el fiscal le preguntó si tenían intención de conservarlo,
respondió: «El edificio se dejó para el final, porque no sabíamos el uso que se
iba a dar». Momentos antes, el fiscal le recordó a uno de los socios cuando
habían publicitado la construcción de 220 apartamentos de lujo en el inmueble,
sin el conocimiento del Ayuntamiento de Siero, que les obligó a retirar los
anuncios.
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Una arquitecto del Servicio de
Patrimonio Cultural se ratificó en su informe que hablaba de «estado de
abandono total» del edificio, a la vez que el polígono anexo experimentaba un
desarrollo «imparable». Aseguró que el inmueble tiene «un valor industrial
excepcional», ya que es uno de los pocos vestigios de arquitectura relacionada
con la alimentación. Y recordó su grado de protección total en el catálogo
urbanístico del Ayuntamiento de Siero. Afirmó que el edificio «era susceptible
de conservación» y no consideraba que en 2001 estuviera en ruina. Precisó que
'ruina' «es un concepto técnico que hay que justificarlo con una serie de
parámetros y eso no te evita tener que rehabilitarlo». Y apuntó como una de las
causas del deterioro la progresiva pérdida de la cubierta.
Un agente de la Policía Local de
Siero corroboró que en sus diferentes visitas al lugar había comprobado que «el
edificio se había ido deteriorando paulatinamente con el paso del tiempo y la
falta de mantenimiento». El último testigo fue el vigilante de las
instalaciones, quien, a preguntas del fiscal, puso de manifiesto que, entre sus
funciones, no figuraba el seguimiento de los daños del edificio, como quiso
transmitir uno de los acusados.
El juicio se reanudará la próxima
semana con la declaración de trece testigos-perito y de otro perito. Es su
escrito inicial de acusación, la Fiscalía solicita penas de un año y ocho meses
de prisión para cada acusado y que asuman las obras para mantener el edificio,
algo que ya se está tramitando en el Ayuntamiento con una inversión de 1,8
millones.
Los
dueños de El Águila Negra "cogieron el jamón y dejaron el hueso al
Ayuntamiento de Siero"
El jefe de Servicio de Gestión Urbanística del
Ayuntamiento de Siero, Manuel Is, acusó ayer a la empresa Gestión Nora -propietaria del
edificio de El Águila Negra,
de Colloto- de haber
incumplido «todos los compromisos legales y contractuales» del convenio
urbanístico, en relación con la parcela número 4 donde se encuentra el inmueble
histórico, y con su deber de conservación. Y lo ejemplificó con un símil
gastronómico: «Cogieron las lonchas de jamón y dejaron el hueso para que el
Ayuntamiento cubriera ese déficit».
La sesión de ayer fue la
más tensa de la vista oral que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 1 de
Oviedo contra los tres propietarios del edificio por un supuesto delito contra
el patrimonio histórico, por el que se enfrentan a penas de un año y ocho meses
de prisión. El momento más acalorado fue cuando el abogado Miguel Teijelo
manifestó que el Ayuntamiento, en vez de haber ordenado una ejecución
subsidiaria para conservar el edificio, «no hizo nada».
«Me parece una tomadura
de pelo decir que el Ayuntamiento no hizo nada», le respondió Is. Y recordó que
cuando se requirió a la propiedad en 2007 para que presentará el proyecto de
ejecución de las obras de conservación del edificio, y cuando después se
intentó la ejecución subsidiaria a través del Colegio de Arquitectos, la
respuesta de la empresa fue «una guerra de recursos y juicios», dos peticiones
de prórrogas incumplidas, una petición de declaración de ruina -para intentar
que el Ayuntamiento pagara el 50% de la reforma- y nuevos recursos.
El letrado quiso saber
por qué la administración local no había incoado un expediente sancionador
contra la empresa. El funcionario le respondió que no hubo ocasión: «Hicimos
todo lo que pudimos y lo que nos han dejado, excepto el expediente sancionador,
porque sería la parte final y no la inicial del proceso».
Advertencias del juez
Esa tensión entre el
letrado y el testigo-perito vino precedida de varias advertencias del juez a
los abogados de la defensa, en el sentido de que los aspectos
contencioso-administrativos ya habían sido sentenciados por otros tribunales y
que no eran objeto de este procedimiento penal. Incluso cuestionó que al
letrado que figura como defensor en la causa se le hayan ido sumando en días
sucesivos otros dos compañeros de bufete. Gerardo de la Iglesia replicó que
representaban a los acusados y llegó a deslizar que se podría estar vulnerando
el principio de contradicción con respecto al fiscal.
En la sesión de ayer
declararon también la jefa de sección de Planeamiento y Gestión, Yolanda
González, y Adriana Mérida, quien trabajó en el área de Urbanismo de Siero. Hoy
declarará el arquitecto Alejandro Alcázar.
